MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Partido Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) reconoció este sábado en un comunicado que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de donde procedía, es responsable del asesinato el 2 de noviembre de 1995 del candidato presidencial. Comisario Álvaro Gómez Hurtado. Gómez fue uno de los artífices y signatarios de la actual Constitución colombiana, promulgada en 1991. Su muerte no ha sido esclarecida y su familia denota un crimen de Estado.
“Hoy, a pocos días del 25 aniversario de este asesinato, los miembros de la secretaría de las extintas FARC-EP reconocen a la familia de Gómez Hurtado, al país y al mundo, que somos responsables de este hecho”, explica el documento. signo. por alias «Tymoshenko», Joaquín Reyes, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y otros ex líderes guerrilleros.
El político fue asesinado porque lo veían como «un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a los que habían declarado la guerra». También aseguran que «fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado», que habría hecho «un aporte fundamental» a la paz.
La carta fue enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a raíz del acuerdo de paz que disolvió a las FARC en 2018.
La carta busca así llevar la verdad al conflicto y que la familia de Gómez Hurtado y el país sepan lo sucedido sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan agendas distintas a las de la verdad plena, explica. -Él.
Sin embargo, Enrique Gómez Martínez, sobrino del político y abogado de familia, dijo al diario colombiano « El Tiempo » que esta carta tiene como objetivo asegurar que la averiguación previa abierta desde hace 25 años esté cerrada a la fiscalía y que para ellos esta es un crimen de estado.
«La JEP se presta. Su objetivo será retirar la competencia de la investigación de la Fiscalía con el propósito de entrar en un proceso de terceros para condenar ciertas muertes falsas de las FARC que fue quien estuvo involucrado en este caso y prevenir la investigación contra (el entonces presidente) Ernesto Samper y Horacio Serpa. Le habíamos advertido ”, dijo.
“Ya existen 322 testimonios y pruebas documentales que confirman la ocurrencia de un delito de Estado (…). Ya han sido parcialmente validados en el contexto del narcotráfico y la interacción estatal ”, argumentó.
En la misma línea, el presidente colombiano Iván Duque indicó que «juzgar estos delitos, si bien ya hay garantías de que nadie pagará en la cárcel, sigue generando dudas, sospechas, «. “Evidentemente, esta justicia cumple con su cometido, pero también que no permitirá ningún medio para intentar entorpecer la responsabilidad real detrás de este asesinato”, subrayó el mandatario.
Además, advirtió que si alguien reclama esta muerte y no corresponde a la verdad, debe entenderse «que se comete un delito para obstruir la justicia en nuestro país». “Queremos que la justicia actúe con fuerza y prontitud y no desestime ninguna de las consideraciones o declaraciones que también han hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que afirman que hay que investigar la verdad sea conocida ”, destacó.
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