El gobierno español presentó el lunes (14 de noviembre) una demanda ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) contra el reglamento de la UE sobre el acceso a las profundidades marinas, que prohíbe la llamada pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico.
Madrid da fe de la propuesta de la Comisión Europea por carencias «sustanciales y formales».
La decisión de la UE de cerrar los caladeros fue «desproporcionada» y no tuvo en cuenta el impacto potencial sobre la flota pesquera, dijo el gobierno español en un comunicado.
Madrid también argumenta que la UE está incumpliendo los principios de la Política Pesquera Común, que pretende «equilibrar la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de una pesca sostenible».
En la demanda, España solicita que se declare la nulidad de la correspondiente normativa de desarrollo para el cierre de las zonas.
Madrid considera que la medida impugnada «no se ajusta a los objetivos» que supuestamente persigue, a saber, la «necesaria» protección de los recursos pesqueros y la sostenibilidad de las actividades pesqueras.
Además, el Gobierno español considera «no proporcionada» la prohibición de la pesca de fondo en las zonas afectadas porque los efectos de los métodos de pesca utilizados sobre los ecosistemas no son «significativos».
Entre otros argumentos, la demanda también cuestiona la proporcionalidad del sistema de identificación de áreas sensibles de ecosistemas marinos y critica a la Comisión por no haber tenido en cuenta todos los conocimientos científicos más recientes.
La denuncia también cuestiona que el reglamento de base pueda imponer una prohibición arbitraria entre diferentes técnicas de pesca sin infringir las disposiciones de la Política Pesquera Común (PPC) y, de nuevo, el principio de proporcionalidad.
En cualquier caso, en paralelo a los trámites judiciales, España seguirá trabajando con la Comisión Europea para «encontrar una solución lo antes posible».
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