El panorama político de Sudán sigue siendo incierto ya que las partes involucradas en el proceso de conciliación política en curso aún no han llegado a un acuerdo definitivo para resolver la prolongada crisis del país.
La firma del acuerdo político final entre los líderes militares y civiles, originalmente programada para el 1 de abril y pospuesta hasta el 6 de abril, se ha retrasado aún más sin que se haya fijado una nueva fecha, lo que genera preocupación entre los observadores sobre el posible colapso de todo el proceso político.
El estancamiento político actual en Sudán se remonta al 25 de octubre de 2021, cuando el comandante del ejército Abdel Fattah Al-Burhan adoptó medidas extraordinarias, disolviendo el Consejo Soberano y el Consejo de Ministros, y declarando el estado de emergencia.
Esta decisión provocó protestas generalizadas y persistentes que pedían la restauración del gobierno civil.
Tras este último retraso, la Alianza de Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), una amplia coalición política que comprende grupos civiles y rebeldes en Sudán, trató de asegurar al público que el aplazamiento no significaba el final del proceso político.
“Solo hay un tema pendiente en el expediente de reforma militar y de seguridad con respecto al mando y control”, dijo el viernes el portavoz de la FFC, Yasir Arman, en su cuenta de Twitter.
«Los problemas de representación a nivel legislativo y soberano en el próximo gobierno se han resuelto y solo quedan problemas menores», dijo.
Sin embargo, los analistas sudaneses creen que existen diferencias subyacentes dentro del gobierno dirigido por militares y el campo de la oposición que aún podrían obstaculizar el actual proceso de paz.
Abdul-Raziq Ziyada, analista político sudanés, expresó su preocupación de que las partes involucradas en el proceso político puedan restar importancia a sus diferencias para tranquilizar al público.
Ziyada señaló que las diferencias entre las dos fuerzas armadas sudanesas, a saber, el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una fuerza paramilitar, son «fundamentales y significativas», especialmente con respecto a la seguridad y la reforma militar.
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Mohamed Hamdan Dagalo, el líder de RSF, había participado en la decisión de Burhan de derrocar al gobierno civil, pero luego se alejó y lo calificó de «error» en febrero de 2023, lo que indica una brecha creciente entre él y Burhan.
Además, la divergencia de puntos de vista no se limita únicamente a las facciones militares, ya que el propio lado civil ha luchado por alcanzar un consenso general, con segmentos significativos que todavía no están dispuestos a participar en el proceso político.
Las calles sudanesas siguen divididas, con algunos partidos que se niegan a negociar con el ejército e insisten en la restauración del gobierno civil a través de protestas persistentes, mientras que otras facciones políticas buscan ampliar la participación en el proceso político sin excluir ningún componente político.
Abdul-Khaliq Mahjoub, analista político sudanés, cree que la división dentro del campo civil es un factor crucial para retrasar la búsqueda de una solución política.
«Si las facciones civiles pueden unificar su posición y llegar a un consenso, presionarán a los militares y los obligarán a firmar el acuerdo», dijo Mahjoub a Xinhua.
«La división entre las fuerzas civiles socava el proceso político actual y debilita la viabilidad de cualquier acuerdo político», añadió, subrayando la necesidad de unidad y coherencia entre las fuerzas civiles para un progreso efectivo.
El 5 de diciembre de 2022, los líderes militares y civiles de Sudán firmaron un Acuerdo Marco Político para romper el estancamiento político y establecer una Autoridad Civil de Transición de dos años.
Sin embargo, hasta ahora las dos partes no han logrado traducir el acuerdo en un acuerdo final, lo que deja la situación política en Sudán incierta y sin resolver.
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