CIUDAD DE PANAMÁ, 24 oct (Reuters) – La policía arrestó a casi 50 manifestantes en Panamá durante enfrentamientos por un nuevo contrato aprobado por el gobierno para una importante mina de cobre, dijeron funcionarios el martes, y agregaron que cinco policías resultaron heridos en los enfrentamientos.
La semana pasada, los legisladores dieron su aprobación final a la extensión de la concesión que cubre la mina Cobre Panamá operada por la empresa canadiense First Quantum (FM.TO). Esta enorme mina a cielo abierto representa casi el 5% de la actividad económica de Panamá.
En un comunicado, la policía confirmó la detención de 48 manifestantes hasta el momento, acusándolos de lesiones corporales, daños a la propiedad y otros delitos.
Algunos lugareños y organizaciones cívicas se opusieron al contrato, en gran parte debido a preocupaciones sobre el impacto ambiental de la mina.
Demostrando enojo por el acuerdo que permitirá que la mina continúe operando durante al menos dos décadas, ambientalistas, maestros, indígenas y trabajadores de la construcción salieron a las calles de la capital, cerrando las principales carreteras. También se produjeron protestas en la ciudad de Colón y en la occidental provincia de Chiriquí.
Si bien los disturbios en torno a la mina han estado latentes durante aproximadamente un mes, las protestas se han intensificado durante la semana pasada.
Un tramo de la Carretera Panamericana, que recorre todo el país y es fundamental para el comercio en Centroamérica, ha estado bloqueado de forma intermitente desde el lunes, cuando las autoridades suspendieron las clases.
Las autoridades también suspendieron el servicio de autobuses en la capital Panamá debido a las protestas.
La policía señaló que dos agentes fueron heridos de bala el lunes por la noche en la ciudad de Panamá, mientras que otros tres fueron golpeados durante un bloqueo de calles en Chiriquí.
Más tarde el martes, el presidente Laurentino Cortizo defendió el nuevo acuerdo con First Quantum como beneficioso para la salud económica del país, argumentando que el contrato salvaguardaría los empleos y los fondos de seguridad social.
Reporte de Elida Moreno; Escrito por Sarah Morland; Edición de David Alire García y Rod Nickel
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